“Muchísima gente ha pedido el IMV sin necesitarlo”. Esta declaración ha sido realizada por el Sr. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado día 23 de enero en la inauguración del Seminario: “Ingreso Mínimo Vital: allanando el camino”, organizado por EAPN-ES. Muchísima gente que ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) necesitándolo no ha podido acceder a él, o accediendo, se le ha extinguido y ahora tiene que devolver las cuantías percibidas endeudándose y empobreciéndose aún más. Esta es la realidad que las profesionales de los Servicios Sociales estamos constatando día a día.
¿Y cómo es posible esto? Porque el diseño y requisitos de la prestación están alejados de la realidad social, porque está pensado desde la idea del merecimiento y la condicionalidad que estigmatiza a las familias posibles perceptoras.
Estas declaraciones del ministro vislumbran desconfianza, es como si la “gente” fuera un enemigo al que hay que descubrir, al que hay que ir a pillar. No está lejos el Sr. Escrivá de la moral predominante en el Siglo XIX que, bajo las sombras del liberalismo, acusaban a los pobres de haberse ganado su miseria y se les responsabilizaba de su situación: la de acomodarse a las ayudas, ser un ejemplo de falta de virtud y aumentar el gasto. Las críticas de diversos intelectuales de la época dieron paso al Estado de Bienestar. Pero, aunque parezca mentira, el capitalismo liberal era más humano. Hoy el neoliberalismo, hijo de aquel liberalismo, es salvaje e hipócrita. Directamente ha pasado a inventar la condicionalidad que se ha aceptado sin críticas. Se trata de obligar a las personas a que busquen un empleo como medio de control de la población necesitada. La culpabilización de las clases bajas de su situación es algo que hoy en día se ha mantenido en amplios sectores de la sociedad y de los diferentes gobiernos, incluso se ha acrecentado con el neoliberalismo.
A las profesionales que trabajamos en lo social, el IMV nos parece una trampa que no da garantías a las personas y/o familias con las que intervenimos, un riesgo de empobrecerse aún más. Esta prestación ha venido a complejizar aún más el sistema de rentas mínimas, dejando a los sectores más vulnerables en una absoluta indefensión frente a las instituciones que nos gobiernan (estado, comunidades autónomas). Es de locos valorar una solicitud de ayuda económica teniendo en cuenta los ingresos del último ejercicio declarado en el IRPF, que puede llegar a ser más de un año, sin contemplar la situación actual y real de las familias (pérdida de empleo, enfermedad…) así como los cambios vitales que en el devenir de la vida se producen, motivos de extinción por no cumplir con el requisito de constituir una unidad familiar de más de 6 meses. Las personas se separan de sus parejas, emancipan o asumen el cuidado de familiares ancianos, y esto es solo un ejemplo del disparate de ley que estamos padeciendo.
Es tal el enrevesamiento de la normativa que han necesitado recurrir a la herramienta del informe social como acreditación y justificación de una situación social especifica. Cada vez que incorporan el informe social a una ley muere un derecho, apuntó en un grupo de wasap una trabajadora social de forma certera. Y es que no nos cansamos de repetir que no somos certificadoras de pobreza.
Es necesario que se revise el IMV en profundidad, que los dirigentes políticos, nos referimos al Sr. ministro y sus asesores, escuchen a los profesionales, colectivos y asociaciones que estamos interviniendo a pie de calle, en la atención primaria de los servicios sociales, con las personas y familias que están precisando de apoyos económicos para subsistir.
Es necesario y urgente un cambio en la normativa que ofrezca garantías, un sistema de protección social para las personas, cercano, al que se pueda acceder de forma presencial para aquellos y aquellas que no dispongan de medios y/o conocimientos informáticos.
De lo contrario nos estaremos convirtiendo, si no lo estamos ya, en palabras de Robert Castel (2004) en sociedades de inseguridad social, en las que las posiciones sociales son muy inestables, entre otras cuestiones por la frecuente posibilidad de perder una ayuda o una prestación si no se cumple con el proyecto vital que la justifica.
